SIP contra Venezuela: crónica de un ataque anunciado

Carlos Ibarra

Durante casi una década el Gobierno venezolano ha sido blanco de ataques por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización creada y patrocinada por la Agencia Central de Inteligencia. Sin embargo, esta asociación empresarial -a lo largo de su historial- ha guardado un silencio encubridor con aquellos regímenes leales a los intereses de Washington, cuando en esos países se llegaron a producir las más descaradas y abiertas violaciones de los derechos humanos o de la libertad de expresión.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es un organismo integrado por los dueños de los grandes medios de comunicación social privados del continente americano, moldeado al antojo de los intereses hegemónicos estadounidenses, en defensa y alianza de los poderes imperiales contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

Por esta razón, en sus reuniones anuales, suelen escoger como blanco de sus ataques a gobiernos que no sean incondicionales de las políticas de los Estados Unidos, para generar una campaña mediática y desestabilizadora, como ha venido ocurriendo en el caso venezolano durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, acostumbran a guardar un silencio encubridor con aquellos gobiernos leales a sus intereses, cuando en esos países se llegaron a producir las más descaradas y abiertas violaciones de los derechos humanos o de la libertad de expresión.

Varios ejemplos conforman el extenso expediente de la SIP como soporte comunicacional de las dictaduras más sangrientas que ha padecido nuestro continente. Tal como aconteció en los 17 años de la dictadura fascista de Augusto Pinochet en Chile, de Jorge Rafael Videla en Argentina, de Anastasio Somoza en Nicaragua, de Alfredo Stroessner en Paraguay o de los dictadores que se turnaron en Brasil, después del derrocamiento de Joao Goulart. Por el contrario, dieron su apoyo incondicional a este tipo de regímenes, tal como sucedió en Venezuela, durante el golpe de Estado fascista de abril de 2002, en el que se pretendió derrocar a un gobierno popular, relegitimado en varios procesos electorales.

A continuación, presentamos una cronología de las posiciones asumidas por la SIP respecto a Venezuela, durante los nueve años de ejercicio democrático del presidente Hugo Chávez Frías.

Octubre 1999: En una clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa comienza una campaña de ataques en contra de la aprobación de un artículo de la nueva constitución mediante el primer referéndum popular de la historia de nuestro país. Consideran la aprobación de este artículo como atentatorio contra la libertad de expresión y anuncian la conformación de una misión de alto nivel la cual sostendrá diversas reuniones con las autoridades ejecutivas y legislativas venezolanas.

Noviembre 1999: el 15 de este mes, la SIP criticó la aprobación de dos artículos de la nueva constitución que, en su opinión, son un retroceso en materia de libertad de expresión. Los artículos están relacionados al “derecho a la información veraz” y “el derecho a réplica”, nociones que consideran contrarios a la libertad de prensa. Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, anunció que mantendrá una estrecha vigilancia sobre la situación de la prensa en Venezuela.

Febrero 2000: en su informe trimestral, la SIP señala que hay amenazas de la libertad de expresión en el hemisferio, cuyo ejemplo a destacar es el caso de Venezuela. El documento, que abarca un período que va desde octubre 1999 a enero de 2000, consigna que en Venezuela la prensa se ha convertido en el blanco de ataques del presidente Hugo Chávez y sus funcionarios.

Marzo 2000: Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, envía comunicación al presidente Hugo Chávez manifestando su preocupación por sus declaraciones contra los medios de prensa local.

Mayo 2000: La SIP manifiesta que se mantendrá vigilante ante lo que ellos llaman “la situación de inseguridad” que enfrentan los periodistas venezolanos. Los representantes locales de la SIP, a través del Bloque de Prensa venezolano, realizan denuncias públicas a través de sus medios sobre este hecho.

Julio 2000: La SIP una vez más dice mostrarse preocupada por el arresto domiciliario de Pablo López Ulacio, editor del semanario La Razón, sobre quien pesa una acusación de difamación contra el presidente de la compañía Multinacional de Seguros, Tobías Carrero Nácar. Según la SIP, en Venezuela el poder político “arrecia periódicamente contra los medios y periodistas, por lo que exhortamos a los líderes políticos y al poder judicial a respetar el derecho a los ciudadanos a estar informados”.

Febrero 2001: La SIP responsabiliza al presidente Hugo Chávez como el “máximo responsable” de que en Venezuela no “haya libertad de prensa”, tras una visita que una delegación hizo a nuestro país. Paradójicamente, todos los medios de comunicación de Venezuela pudieron reseñar y difundir cada una de las declaraciones de los integrantes de la SIP.

Noviembre 2001: La SIP descalificó y tildó de “torpes y antidemocráticas” las recientes declaraciones con las que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, confrontó a algunos medios y periodistas de Venezuela, a su regreso por un periplo en el extranjero.

Febrero 2002: La SIP vuelve a calificar al presidente Chávez como “máximo responsable” de que en Venezuela “no haya libertad de expresión”. Una delegación de esta institución hemisférica, que estuvo de visita en nuestro país, se pronunció en contra del anteproyecto de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) a la que denomina denigrantemente como “Ley de Contenidos”, por considerar que sumada a la cláusula constitucional de “información veraz”, se utilizaría para censurar a los medios y periodistas locales.

Marzo 2002: La SIP manifestó que no existía libertad de expresión en Venezuela al no respetarse los 10 principios de la Declaración de Chapultepec, conclusión que obtuvo tras un análisis sobre leyes y regulaciones venezolanas que, según ellos, afectan la labor periodística y el derecho a la información. El presidente de la Comisión de Chapultepec, Alejandro Miró Quesada, expresó que existían similitudes entre la opresión y el hostigamiento "hacia la prensa del depuesto gobierno de Alberto Fujimori en Perú y el gobierno de Chávez".

Abril 2002: el 11 de abril, de manera insólita, la SIP condenó y repudió el "cierre" de los canales de televisión privados ordenado por el presidente Chávez, durante una alocución televisiva, mientras que dichas plantas alentaban a la población a sublevarse contra las autoridades y aupaban un golpe de Estado.

Al día siguiente, el 12 de abril la SIP elogia la instauración del gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, al expresar "que la situación venezolana brinda nuevamente la enseñanza y el ejemplo a todas las naciones del mundo sobre que no puede haber verdadera democracia sin libertad de expresión y de prensa".

El día 17, sin haber demostrado ningún tipo de arrepentimiento ni rectificación ante los hechos del golpe de Estado del 11 y 12 abril, la SIP vuelve a arremeter contra Venezuela y alienta la esperanza de un cambio a favor de la plena vigencia de la libertad de expresión y el derecho a la información. Derechos violentados de manera flagrante por las televisoras, emisoras de radio y periódicos privados, durante los escasos días que duró la dictadura de Pedro Carmona.

Julio-Agosto 2002: La SIP manifestó su preocupación ante lo que considera recientes agresiones contra los medios de prensa y periodistas en Venezuela. Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de esta institución, volvió a culpar al gobierno por estos hechos y lo exhortó "a promover la tolerancia y a garantizar el derecho de los periodistas a ejercer la profesión con seguridad".

Septiembre 2002: La SIP y el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) denunciaron una vez más el supuesto deterioro de la libertad de prensa en Venezuela. En una visita realizada, denunciaron la violencia física y verbal contra los periodistas, proveniente de los Círculos Bolivarianos afines al gobierno. No se hace mención alguna de los mensajes transmitidos por los medios desde los cuales se hace apología al delito y a la discriminación social y racial. Representantes de ambas instituciones se reunieron con los líderes de Fedecámaras, la Federación venezolana de la Industria de la Televisión y de la Radiodifusión, la Coordinadora Democrática y el Bloque de Prensa Venezolano, entre otros.

Enero 2003: La SIP y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) consideraron que el proceso de investigación iniciado a dos canales de televisión en Venezuela, RCTV y Globovisión, los cuales habrían violado la legislación venezolana, constituye “otro nocivo intento del gobierno por callar a la prensa y limitar el derecho público a la información”.

Febrero de 2003: el presidente de la SIP, Andrés García, condenó enérgicamente el proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), probado parcialmente por la Asamblea Nacional. Califican a este marco jurídico como Ley de Contenidos, y señalan que le “otorgaría al gobierno el control total sobre lo que se transmite en los medios electrónicos, abarcando incluso la regulación de la oral, al aplicar sus conceptos sobre violencia, sexo, salud o sobre lenguaje que debe emplear un medio de comunicación”.  

Marzo 2003: la SIP resolvió al término de su reunión en San Salvador, pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA), que descalifique la intención del presidente Chávez de "legitimarse únicamente sobre la base de procesos electorales".  

Abril 2003: en un acto de absoluta incongruencia, la SIP convocó a realizar un foro sobre la libertad de expresión en Venezuela. “El Foro de Emergencia” se realizaría el 29 de abril de 2003 y está destinado a “promover y defender la libertad de prensa en las Américas”. El foro sirvió para solicitar la revisión del proyecto de ley (Resorte) que según su parecer “mancillaría la libertad de prensa”.  

Mayo 2003: La SIP confía en que el reciente acuerdo electoral entre el gobierno y la oposición en Venezuela permita la “erradicación” de la Ley Resorte. El acuerdo electoral fue rubricado entre el gobierno y la oposición, tras la mediación del secretario general de la OEA, César Gaviria.  

Noviembre 2003: una misión de la SIP viaja a Venezuela para ejercer presiones sobre las autoridades venezolanas para exhortarle a garantizar el ejercicio de la libertad de prensa.  

Junio 2004: La SIP pide respeto para el trabajo periodístico durante el proceso de referendo revocatorio a celebrase el 15 de agosto de 2004.  

Agosto 2004: La SIP califica de hostigamiento las inspecciones administrativas realizadas a cuatros canales de televisión por parte de la autoridades de CONATEL.  

Noviembre 2004: la SIP, "preocupada por la volátil situación en Venezuela, realizará en la primera semana de diciembre en este país un foro para analizar los aspectos más sobresalientes en materia legal y judicial que siguen amenazando la libertad de prensa". Asimismo vuelve a cuestionar el avance de lo que considera una "ley restrictiva de prensa" como lo es la Ley Resorte por considerar intromisión en los contenidos de los medios de comunicación y restricción de la labor informativa y de opinión de los periodistas, bajo el pretexto de impulsar un horario de protección de los niños y adolescentes”.  

Febrero 2005: en otro acto de intromisión en los asuntos internos de Venezuela, la SIP expresó su preocupación frente a la sanción de la reforma al Código Penal de Venezuela por parte de la Asamblea Nacional. Destaca la reforma a los artículos 148 y 149 sobre la figura al desacato que, según su parecer, "contradice la doctrina interamericana de libertad de expresión, en los cuales se estipula el castigo contra aquellas personas que ofendieren de palabra o por escrito al Presidente y a otros funcionarios". De igual manera, lamenta que aumenten las penas sobre delitos de difamación en los artículos 444 y 446.  

Julio 2005: la SIP consideró como una intromisión a la política editorial la investigación penal anunciada por el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, contra el diario El Universal. El objeto de la investigación es determinar si hubo o no hecho punible en el editorial de El Universal, de fecha 25 de julio de 2005, en el cual se ofende, se expone al desprecio público y se vilipendia al Ministerio público y al Poder Judicial”.  

Enero 2006: la SIP mostró su preocupación sobre lo que considera un acto de censura por parte de un juez venezolano que ordenó evitar la publicación, divulgación o exposición de información en torno al proceso judicial que se sigue por el asesinato de Danilo Anderson, fiscal del Ministerio Público en Venezuela.  

Abril 2006: el 28 de este mes, la SIP solicitó al gobierno venezolano una audiencia para el próximo 22 de junio, con el objeto de debatir sobre la libertad de prensa. La iniciativa responde a una resolución emanada de la pasada Reunión de Medio Año de la SIP, celebrada en Quito del 17 al 20 de marzo, en la que se aprobó "enviar a Venezuela una misión internacional para recabar mayor información sobre la situación actual de libertad de expresión y de prensa en el país y así dar continuidad a las misiones anteriores que la institución ha enviado a Venezuela durante el gobierno anterior".  

Junio 2006: La SIP condenó las declaraciones del presidente Chávez, quien ordenó la revisión de los permisos de las televisoras privadas y advirtió sobre la posibilidad de suprimir sus concesiones las cuales vencen en el 2007.  

Julio 2006: la SIP se reúne en Caracas con el objetivo de analizar la situación de la libertad de prensa en el país. La Presidenta de esta organización, Diana Daniels, expresó su actitud prejuiciado en contra de nuestro país al iniciar su discurso así: "No es por casualidad que por octava ocasión, desde 1999, la Sociedad Interamericana de Prensa visita a Venezuela". Más adelante, alertó que "esta nación debe seguir abrazando los valores democráticos y sobre libertad de prensa". Finalmente, en su informe la SIP resalta que los "medios se han visto obligados a disminuir sensiblemente su programación informativa, acosados por una ley (Resorte) que permite la intromisión en sus políticas editoriales y en las políticas de contratación de personal, así como las amenazas a la no renovación de sus licencias".  

Diciembre 2006: La SIP condenó la decisión del presidente venezolano Hugo Chávez de no renovar la concesión de la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV), tras denunciar a este medio de mantener actividades subversivas.  

Enero 2007: la SIP volvió a acusar al gobierno de Venezuela por la declinación constante de las libertades públicas y de la libertad de prensa en Venezuela, tras el discurso del presidente Hugo Chávez al asumir la presidencia, y solicitó una mayor atención de la comunidad internacional para que "no se permita el deterioro de la democracia de este país".  

Mayo 2007: una delegación de la SIP viaja a Venezuela y califica de antidemocrático al gobierno venezolano liderado por Hugo Chávez Frías con motivo del cese de operaciones vía señal abierta de Radio Caracas Televisión (RCTV), al no renovársele la concesión.  

Julio 2007: la SIP reitera su firme decisión de continuar los planes para realizar su Reunión de Medio Año en Venezuela, “" pesar de las aparentes presiones gubernamentales por las que hemos tenido dificultades para contratar una sede para el evento".  

Noviembre 2007: delegación de la SIP visita a Venezuela por décima vez con la finalidad de reclamar garantías para la libertad de prensa en el proceso de Reforma Constitucional. La SIP vuelve a ratificar que existen causas de honda preocupación en el clima de libertad de prensa en nuestro país.  

Febrero 2008: la SIP volvió a mostrarse interesada en la diatriba entre Globovisión y las autoridades venezolanas. Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, manifestó que "nuestra preocupación radica en que estamos viendo actualmente actitudes similares del gobierno en contra de Globovisión a las que precedieron el cierre de otra cadena independiente como fue RCTV en mayo del año pasado". Asimismo, se reiteró la invitación al presidente Hugo Chávez y al ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Andrés Izarra, a la reunión semestral de esta organización.  

Aclaratoria necesaria: No hay intenciones de cerrar Globovisión. Respecto a estos señalamientos, el propio ministro Andrés Izarra, en recientes declaraciones a la prensa luego de su programa "Comunicación en Tiempos de Revolución", aseguró que "el Ejecutivo Nacional no tiene ninguna intención de cerrar Globovisión", al tiempo que reiteró que éste es un Gobierno que respeta la libertad de expresión.  

Sus derechos (los de Globovisión) están garantizados en la Constitución Nacional, pero sí hacemos un llamado a CONATEL para que se pronuncie en relación al tema y fije posición en relación a la situación, y que sea, precisamente, desde esa instancia que el canal sea llamado y exhortado, para que cesen los insultos y las ofensas y se imponga el respeto y el reconocimiento del otro, el respeto por la democracia necesaria", enfatizó en esa oportunidad el ministro Izarra.