Viernes, 27 de Agosto de 2010

Ultraderecha mediática actúa concertadamente

Alberto Maldonado S.

He leído con atención las informaciones que han publicado estos días los diarios del sistema sobre el pleito que está por definirse en Argentina respecto de la posesión de un gran porcentaje de acciones en Papel Prensa  (una empresa que controla la venta de papel periódico) en el que tienen acciones Clarín, el 49%, La Nación, el 22.5% y el Estado Argentino, el 27.5%;  producto de una obscura transacción que se produjo cuando el país del sur estaba bajo las botas militares,  una de las dictaduras más atroces e infames que se hayan dado en país alguno de América Latina (Solo un dato:30.000 desaparecidos(as) en 7 años de dictadura) 

De lo que aquí se difunde, vía agencias internacionales, unos dicen que  la señora Lidia Papaleo vda. de Graiver, fue amenazada por los militares  (“firme o le costará la vida de su hija y de la suya” una amenaza que en esos tiempos era una sentencia a torturas y muerte) para que venda sus acciones precisamente a los diarios El Clarín y La Nación, los periódicos que estuvieron muy juntos en la “lucha contra la subversión” en Argentina. Otros dicen que la transacción accionaría, en este caso, fue libre y voluntaria. 

Al margen de quién tenga la razón, debo referirme a este suceso porque, a pesar de que en Argentina, hasta nuestros días, están enfrentando tribunales penales los genocidas argentinos por los crímenes que cometieron contra su población civil, sin embargo, estos dos periódicos sipianos (de la SIP-CIA) con una impudicia y cinismos sin nombres, han lanzando a los cuatro vientos que lo que está haciendo la Presidenta Cristina Kishner, es tratando de apropiarse de la empresa (Papel Prensa) para imponer una manipulación de los medios impresos del país, con los dos diarios incluidos. 

“Coincidentalmente” en estos mismos días, la prensa sipiana continental desató un escándalo “de una disposición contraria a la libertad de expresión”, en Venezuela, porque un organismo de derecho local ha emitido una sanción contra el matutino “El Nacional” (de cerrada oposición al Gobierno de Hugo Chávez, desde luego) y ha advertido que los medios de comunicación no deben difundir gráficas de violencia, como la que publicó el referido diario, en primera página: una foto (trucada o no pero de fecha  muy anterior) de un “anfiteatro”  caraqueño, amontonado de cadáveres a la espera de su correspondiente autopsia. El objetivo declarado del diario fue que con esa foto  “quiso advertir” que en la capital venezolana se vivía un clima de terror delincuencial pero que el Gobierno hacía poco o nada por combatirlo. Es decir, “echarle el muerto” a Chávez de esta tendencia criminal, ahora que están en vísperas de unas elecciones parlamentarias previstas para fines de septiembre.

En Ecuador, desde hace rato, los medios sipianos (con El Comercio de Quito a la cabeza) se han dedicado a maximizar todo acto delictivo que se produzca en cualquier punto del país. Desde luego, hay una vieja historia de crímenes, secuestros, asesinatos, escándalos y asaltos que los medios sipianos los trataron, a su debido tiempo, con cierta prudencia (me refiero a los tintes amarillistas de la noticia); pero, a partir del gobierno de Rafael Correa, esos medios no escatiman espacios en dar informaciones de este tipo, cada cual más alarmante. Con seguridad, el crimen organizado y desorganizado ha crecido en el país (especialmente por razones sociales) pero de ahí a pintar un ambiente lleno de peligros y de incertidumbre, por culpa del gobierno, hay una  distancia; pero la intención es clarísima.

Esa “tendencia”, sin embargo, no es la más significativa. Sin que se haya dado algún hecho concreto o que algún agente gubernamental haya intimado a alguien, a pretexto de una supuesta lucha contra la posibilidad de una “ley mordaza” tanto las radios del sistema como los canales de televisión abiertos pasan y repasan una “cuña-denuncia” según la cual, en el Ecuador de la “revolución ciudadana” se respira un ambiente de “peligro para la libertad de expresión”  Aseguran que, de aprobarse el proyecto como está para segunda y definitiva votación en la Asamblea Nacional, se habrá dado un golpe “contra la democracia y la libertad”. 

Está claro que el objetivo que persigue la comunicación sipiana (a través de unos cuantos asambleistas pelucones, que para eso están)  es que la ley no sea ley. Ellos quieren que en este país andino, la SIP-CIA logre imponer uno de sus mandatos: “que en comunicación no hay mejor ley que la que no se dicta” y de paso consolidar lo que ha venido siendo “el catálogo del periodismo libre”: que los medios comerciales son impolutos por si mismos, que ellos son los dueños de la “libertad de expresión”, que nadie debería enjuiciarlos, peor censurarlos y otras lindezas de este estilo. 

Hace un par de semanas (jueves 12 de agosto/2010)  El Comercio de Quito publicó una reseña informativa bajo este titular: “La libertad de prensa afronta un deterioro en los países andinos” La “redacción política” del diario se refería a un estudio que han hecho sobre la situación de la libertad de “prensa” (no de expresión) cuatro organismos: El Centro sobre Derecho y Sociedad (¿) el Consorcio Desarrollo y Justicia (¿), el Instituto de Defensa Legal (¿) y, cuando no, Freedom House, ese organismo yanqui que “hace estudios” respecto de nuestras realidades y presenta informes que nadie le ha pedido*. 

Los relatores –como gustan llamarse estos diligentes “estudiosos”- dicen que han analizado la situación de “la libertad de expresión y de prensa” en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que han encontrado que, de “países de prensa libre” (en el 2000) hemos pasado a “parcialmente libres” a consecuencia de políticas cambiantes. Exceptúan a Colombia de la crítica, a pretexto de que en el 2000 ese país estaba afectado “por la violencia civil” pero no dicen ni media palabra sobre que en Colombia no es que se respetaron a los periodistas y medios de oposición sino que los pocos que quedaron vivos, lograron ponerse a buen recaudo, a tiempo. 

Por el Ecuador, ha intervenido el señor César Ricaurte, fundador, dueño, director y mensajero de FUNDAMEDIOS, un organismo no tan fantasma que pocos saben quién lo financia y que trabaja para denunciar exactamente a Correa y sus “atentados” contra la prensa libre. Este sujeto –que tan siquiera es un periodista en ejercicio-  se ha tomado la molestia de contar las veces (cerca de 100) que Correa “ha insultado a la prensa y a los periodistas” y eso lo presenta como “riesgos” contra la libertad de expresión. En cambio, ignora en sus cuentas las veces que los medios sipianos y sus periodistas estrella han dicho “samba canuta” del Jefe de Estado. Lo uno, para estos relatores sipianos es “ejercicio de la libertad de expresión, que está en peligro”; y lo otro “una agresión contra esa libertad” ¡Qué tal! 

Lo anecdótico de esta información, es que los sabios relatores dicen que “Esa situación (de amenaza) también pudiera generar que la prensa se autocensure” como si los medios sipianos nunca hubiesen usado la autocensura y la censura directa en la diaria información.  

Todo el mundo sabe que los medios impresos y los medios audiovisuales del sistema, siempre han tenido “amigos de la casa” (los preferidos para entrevistas, para consultas, etc) y “enemigos de la empresa” para tipificar a todos aquellos que, por cualquier razón, generalmente ideológica, han pasado a formar parte del index que cada medio ha elaborado a su querer. Así que la censura y la autocensura han existido, existen y existirán siempre mientras exista el sistema que lo proteja.